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MSP presenta estudio sobre marco normativo del VIH/Sida en Uruguay

22 Abr 2010.
Investigación recopila los derechos de las personas que viven con VIH incluidos en el orden jurídico

El Programa Prioritario ITS/SIDA del MSP presentó el pasado 21 de abril el estudio “Marco normativo en relación al VIH/Sida en Uruguay”. El material ha sido elaborado por Susana Falca con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

Intervinieron en la presentación Daniel Olesker, Ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, Subsecretario de Salud Pública, Susan McDade, Coordinadora Residente de Naciones Unidas y Representante de UNFPA, María Luz Osimani, Directora del Programa Prioritario ITS/SIDA, Susana Falca, autora de la investigación y Sergio Araújo, asesor legal del programa.

El estudio tiene como objetivo actualizar la información acerca del marco jurídico que recoge y consagra los derechos humanos de las personas que viven con VIH. De este modo pretende contribuir a la difusión de los derechos reconocidos por el orden jurídico, en especial entre los profesionales del área de la salud.

Los documentos que se repasan abarcan todo el orden jurídico del país (Constitución de la República, Tratados de Derechos Humanos, Leyes, Decretos de las Juntas Departamentales, Decreto del Poder Ejecutivo, así como reglamentos, resoluciones, ordenanzas, directrices y guías de los Organismos Públicos). Los grandes Principios del Derecho que se destacan como lineamientos rectores en el área específica del VIH/Sida son el respeto de la dignidad de la persona humana, la igualdad, la libertad de la persona, el interés superior del niño, la autonomía progresiva y la participación.

Además del análisis jurídico, para su elaboración se realizaron entrevistas en profundidad con actores que trabajan en la temática en el sector público y privado.

El texto muestra que la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas viviendo con VIH requiere de una especial atención para promover y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho a la salud, como presupuesto del goce de los demás derechos fundamentales. Entre los derechos analizados y reconocidos en Uruguay que aparecen en la investigación se incluyen los relacionados a bioseguridad, consejería, confidencialidad, consentimiento informado, diagnóstico, discriminación e igualdad, exhumación de cadáveres y tratamiento.


Mayor difusión sobre VIH puede evitar discriminación laboral

Las entrevistas con profesionales y expertos mostraron que la discriminación laboral es una de las situaciones de infracción de derechos más frecuente y ha adquirido una dimensión preocupante. El documento recuerda que la normativa vigente prohíbe, entre otras prácticas discriminatorias, realizar exámenes de VIH como requisito previo a la contratación laboral.

Por ello se insiste que es necesario difundir información adecuada respecto a las características de la enfermedad, los métodos de prevención y las vías de contagio, a los efectos de evitar la ocurrencia de las prácticas discriminatorias fundadas muchas veces en el temor al carecer de la información necesaria y válida.


Reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes

Otra de las novedades subrayadas en el estudio, es el cambio en la condición jurídica del niño, ya que tras la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, se produce un reconocimiento a los niños, niñas y adolescentes en la condición de sujetos de derechos en el área de la salud. Para hacer efectivos estos derechos el MSP está trabajando en garantizar el acceso de los adolescentes a la información, a los servicios de salud, a la privacidad, a la salud sexual y reproductiva y a los métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual y de anticoncepción.

La Dra. Falca señala que aún es frecuente exigir a adolescentes que concurran en compañía de un adulto como requisito indispensable en el momento de realizarse el examen de detección del VIH así como para obtener la medicación necesaria. “Esta práctica, no solo lesiona la privacidad del adolescente, influyendo en la decisión de realizarse o no el exámen, sino que contradice los derechos reconocidos por el orden jurídico del país”, apunta el estudio.



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